Artigo de Inés García Rábade para PUBLICO
“Frío, miseria, hambre, humillación, palos y más palos”. Habla Octavio García Hernández. Nos remontamos a 2004, a una entrevista para El País, en la que, por primera vez en casi tres décadas de democracia, un superviviente de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, cuenta lo que vivió al otro lado de los muros del penal. No es cualquier superviviente. A Octavio no le condenaron por su militancia política, ni por un delito menor. A Octavio le condenaron, simple y llanamente, por ser “maricón”, término despectivo con el que se les llamaba en aquella época.
Ocurrió en 1954, quince años después de la derrota republicana en la Guerra Civil, con Franco ya establecido en el poder. “El Gobierno se dijo: Vamos a limpiar de maricones Las Palmas“, denunciaba Octavio, fallecido en 2018, en esa primera confesión pública. Las Palmas, Canarias y toda España. Una limpieza que el régimen orquestó a través de un engranaje legislativo y jurídico con el que institucionalizó la persecución y represión de “invertidos”. A partir de una pieza clave: la Ley de Vagos y Maleantes.
“La norma se aprobó en realidad en el 33, durante la Segunda República”, apunta Víctor Ramírez, activista e investigador de la memoria del colectivo LGBTIQ+. “Lo que hizo fue establecer una serie de mecanismos de control para todas aquellas personas que, de alguna forma, se salían de los márgenes de la sociedad”, continúa el escritor de Peligrosas y Revolucionarias (Ediciones Tamaimos, 2019). Mendigos, toxicómanos, jugadores, proxenetas, delincuentes habituales… Un cajón de sastre para castigar, sin miramientos, la marginalidad. Para limpiar las calles.
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